A las empresas, que empleen ilegalmente a extranjeros, podrá ser impuesta
una multa de hasta cinco millones de coronas, equivalentes a 200.000
euros.
Además, podrán perder apoyo financiero estatal y ser excluidas de
licitaciones públicas. Esas medidas supone una nueva enmienda a la ley
laboral, aprobada este viernes por el Senado checo en base a la normativa
europea, que aún debe ser ratificada por el presidente del país, Václav
Klaus.