Altos funcionarios judiciales volverán a ser revocables en la RCh

El Gobierno acaba de aprobar el proyecto de enmienda a la Ley de Tribunales y Jueces que podrá decidir sobre la destitución de los altos cargos judiciales. La Unión de Jueces se opone y sostiene que los políticos ejercen demasiada presión sobre la jurisdicción en la RCh.

El Ministerio de Justicia presentó este lunes un proyecto que persigue establecer una comisión disciplinaria adscrita al Tribunal Supremo. Ésta se encargaría de investigar los errores cometidos por los jueces y decidir sobre su eventual destitución, en cooperación con el Ministerio de Justicia, el Presidente, el Ombudsman y el director del Tribunal Supremo.

El ministro de Justicia, Jiří Pospíšil, explicó que la comisión la integrarían jueces y expertos en derecho.

“La comisión tendrá seis miembros: tres de ellos serán jueces del Tribunal Supremo y el Tribunal de Administración; otros tres serán profesionales en derecho independientes, nombrados por la Cámara de Abogados, la Cámara de Notarios y por el ministro de Justicia”, señaló Pospíšil.

El ministro subrayó que la enmienda es un punto clave de la reforma de la justicia, y que es el resultado de un compromiso entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Sin embargo, la Unión de Jueces se opone al proyecto y pide establecer un órgano disciplinario cien por ciento independiente del Gobierno, como suele hacerse en otros países europeos, entre ellos Bulgaria, Italia y Holanda.

Libor Vávra
Libor Vávra, miembro de la Unión de Jueces, indicó que la situación en el país es excepcional y no corresponde a los estándares europeos.

“Desgraciadamente, el Ministerio de Justicia está bajo la presión de distintos partidos políticos y no es capaz de admitir que en otros países europeos se decide sobre la destitución de los jueces de una manera completamente distinta”, recalcó Vávra.

Hace un año, el Tribunal Constitucional canceló el decreto que permitía a los políticos destituir a los presidentes y vicepresidentes de los tribunales. Desde entonces, los altos funcionarios judiciales habían sido prácticamente irrevocables en la República Checa.